El atropello de las mega-corporaciones es sin lugar a dudas, cada día más inescrupuloso. Esta vez lo sufrieron los habitantes de la zona de Intag, en Ecuador.
Según la denuncia de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Servicio de Paz y Justicia de Ecuador (SERPAJ), días atrás, personas de la ciudad de Otavalo vinculadas a la empresa minera de origen canadiense Ascendant Copper Corporation, ingresaron con armas de fuego y bombas lacrimógenas a la comunidad de Chalguayaco Alto, en cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, disparando a la población local que está opuesta a la actividad minera en el lugar. Como producto del ataque, varios pobladores del lugar resultaron heridos.
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Sin embargo, eso no es todo. Como si fuera poco, estas personas, vinculadas a la multinacional, ingresaron acompañadas de grupos paramilitares. Así lo denunció Auki Tituaña, alcalde de de la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura. “Nosotros creemos que la compañía está queriendo incorporar paramilitares, en ese sentido, son ex militares", sostuvo Tituaña. De esta manera, el alcalde realizó una gravísima acusación, al afirmar que la compañía canadiense Ascendant Copper conformó un grupo paramilitar para intimidar a los habitantes de Intag. Y sostuvo su denuncia en base a fotografías en las cuales se observaban a los supuestos sujetos contratados por la compañía extranjera, con varios tipos de armas, haciendo disparos.
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Otros episodios denunciados en el informe de la CEDHU y el SERPAJ dan cuenta que la radio de Intag se encuentra sin señal porque las antenas fueron dañadas y una supuesta orden judicial de la Ascendant para ocupar las supuestas tierras en la zona. Además, respecto del funcionamiento de la radio de la zona, se encontraron varios metros de cable cortados intencionalmente.
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Debido a los hechos mencionados, el gobierno ecuatoriano suspendió la actividad minera de la empresa, cuyo nombre comercial en el país es Ecuacorriente pero no realizó ningún tipo de declaraciones al respecto. La suspensión está basada en “peligros por contaminación ambiental”.
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Ascendant Copper mantiene un litigio con habitantes de Intag desde 2004, por una concesión entregada -sin el consentimiento de los pobladores- para explotar cobre a cielo abierto en una zona que forma parte de una reserva ecológica protegida por el Estado. La comunidad de Intag demandó la salida de la compañía canadiense y la derogación de las concesiones mineras hechas por el Gobierno en la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas.
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Es evidente que existe una contradicción, ya que el gobierno de Ecuador no podría cederle a una empresa la concesión para explotar una zona calificada de reserva ecológica por… el mismo gobierno. ¿O si?
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La firma canadiense intenta apropiarse de las tierras a toda costa. Razones para creer ello hay de sobra: "Hay grandes intereses económicos, la empresa se ha aliado hace un año con ex militares, politiqueros corruptos vinculados al narcotráfico precisamente y también terratenientes", enfatizó el Alcalde. Es que en esa área no sólo existe cobre, sino también oro y otros minerales, lo cual respondería directamente al codicioso interés de la compañía canadiense.
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Por su parte, Francisco Veintimilla, gerente de la minera, se mostró "indignado" por las acusaciones en contra de su empresa. “Las personas que han sido secuestradas son miembros de una compañía de seguridad privada contratada por una empresa agrícola, que a su vez trabaja para Ascendant S.A”, afirmó el gerente. También dijo que los manifestantes están "violentando propiedad privada, queriendo desconocer un título de propiedad porque simplemente se oponen a un proyecto" y sostuvo que las tierras donde quieren hacer explotación minera fueron legítimamente otorgadas por el Estado. Esto último contrastaría con la denuncia de la CEDHU y el SERPAJ, quienes desconfían de la legítima posesión de tierras por parte de la empresa.
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Respecto de las acusaciones realizadas por Auki Tituaña, Veintimilla afirmó que se trata de "un poco de mentiras, un poco de desinformación, un poco de verdades a medias, los utiliza para sus fines y hace cualquier acusación aventurada sin tener ningún fundamento".
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Lo cierto es que todo hace indicar que la multinacional tendrá que retroceder sobre sus pasos. Si bien el gobierno no se pronunció respecto de la legalidad o ilegalidad de las acciones de la empresa, la suspensión de las actividades de ésta, es un indicio de próxima justicia ante un nuevo caso de invasión y atropello.
Según la denuncia de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y el Servicio de Paz y Justicia de Ecuador (SERPAJ), días atrás, personas de la ciudad de Otavalo vinculadas a la empresa minera de origen canadiense Ascendant Copper Corporation, ingresaron con armas de fuego y bombas lacrimógenas a la comunidad de Chalguayaco Alto, en cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, disparando a la población local que está opuesta a la actividad minera en el lugar. Como producto del ataque, varios pobladores del lugar resultaron heridos.
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Sin embargo, eso no es todo. Como si fuera poco, estas personas, vinculadas a la multinacional, ingresaron acompañadas de grupos paramilitares. Así lo denunció Auki Tituaña, alcalde de de la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura. “Nosotros creemos que la compañía está queriendo incorporar paramilitares, en ese sentido, son ex militares", sostuvo Tituaña. De esta manera, el alcalde realizó una gravísima acusación, al afirmar que la compañía canadiense Ascendant Copper conformó un grupo paramilitar para intimidar a los habitantes de Intag. Y sostuvo su denuncia en base a fotografías en las cuales se observaban a los supuestos sujetos contratados por la compañía extranjera, con varios tipos de armas, haciendo disparos.
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Otros episodios denunciados en el informe de la CEDHU y el SERPAJ dan cuenta que la radio de Intag se encuentra sin señal porque las antenas fueron dañadas y una supuesta orden judicial de la Ascendant para ocupar las supuestas tierras en la zona. Además, respecto del funcionamiento de la radio de la zona, se encontraron varios metros de cable cortados intencionalmente.
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Debido a los hechos mencionados, el gobierno ecuatoriano suspendió la actividad minera de la empresa, cuyo nombre comercial en el país es Ecuacorriente pero no realizó ningún tipo de declaraciones al respecto. La suspensión está basada en “peligros por contaminación ambiental”.
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Ascendant Copper mantiene un litigio con habitantes de Intag desde 2004, por una concesión entregada -sin el consentimiento de los pobladores- para explotar cobre a cielo abierto en una zona que forma parte de una reserva ecológica protegida por el Estado. La comunidad de Intag demandó la salida de la compañía canadiense y la derogación de las concesiones mineras hechas por el Gobierno en la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas.
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Es evidente que existe una contradicción, ya que el gobierno de Ecuador no podría cederle a una empresa la concesión para explotar una zona calificada de reserva ecológica por… el mismo gobierno. ¿O si?
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La firma canadiense intenta apropiarse de las tierras a toda costa. Razones para creer ello hay de sobra: "Hay grandes intereses económicos, la empresa se ha aliado hace un año con ex militares, politiqueros corruptos vinculados al narcotráfico precisamente y también terratenientes", enfatizó el Alcalde. Es que en esa área no sólo existe cobre, sino también oro y otros minerales, lo cual respondería directamente al codicioso interés de la compañía canadiense.
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Por su parte, Francisco Veintimilla, gerente de la minera, se mostró "indignado" por las acusaciones en contra de su empresa. “Las personas que han sido secuestradas son miembros de una compañía de seguridad privada contratada por una empresa agrícola, que a su vez trabaja para Ascendant S.A”, afirmó el gerente. También dijo que los manifestantes están "violentando propiedad privada, queriendo desconocer un título de propiedad porque simplemente se oponen a un proyecto" y sostuvo que las tierras donde quieren hacer explotación minera fueron legítimamente otorgadas por el Estado. Esto último contrastaría con la denuncia de la CEDHU y el SERPAJ, quienes desconfían de la legítima posesión de tierras por parte de la empresa.
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Respecto de las acusaciones realizadas por Auki Tituaña, Veintimilla afirmó que se trata de "un poco de mentiras, un poco de desinformación, un poco de verdades a medias, los utiliza para sus fines y hace cualquier acusación aventurada sin tener ningún fundamento".
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Lo cierto es que todo hace indicar que la multinacional tendrá que retroceder sobre sus pasos. Si bien el gobierno no se pronunció respecto de la legalidad o ilegalidad de las acciones de la empresa, la suspensión de las actividades de ésta, es un indicio de próxima justicia ante un nuevo caso de invasión y atropello.
